En algunos países como Canadá, Estados Unidos y otros, uno va a los Palacios de Justicia y se encuentra con muchos ciudadanos y pocos abogados. Entre los ciudadanos que encontramos hay médicos, comerciantes, personas que van a reclamar temas de arriendo, un dueño de casa que pide solución a un problema que le generó un constructor, que le construyó en forma deficiente una habitación de su casa, o un constructor reclamando porque no se le ha pagado su trabajo, o sea, nos encontramos con problemas cotidianos de la vida común.
Ahí concurren los ciudadanos patrocinados y no patrocinados con abogados (o sea, concurren a hacer sus reclamos con o sin abogado); allí se le ofrecen a la persona una vasta red de servicios de mediación, de conciliación en alguno casos, de arbitraje en otros y de juicios breves, transparentes y baratos para que los ciudadanos puedan resolver sus problemas. Estos procesos judiciales están dirigidos a todos los ciudadanos, sin importar si son pobres o ricos.
En esos casos la mediación funciona allí de forma muy variada. Existe en dichos Palacios de Justicia un gran equipo de mediadores contratados por el sistema judicial, con distintas especialidades: mediadores para casos de salud pública, para casos comunitarios, penales, escolares, etc. Los vínculos de estos sistemas e mediación con el sistema formal de justicia son muy fuertes y dinámicos. Hay mediación anterior, posterior, seguimiento; durante el proceso de mediación suele suspenderse la mediación para continuarla en otro momento. Hay mediación parcial, total, adicional, hay mediaciones colectivas, laborales, etc.
También existe en esos países la mediación penal, entre víctima e imputado, incluso a veces por homicidio, en cuyo proceso la víctima terminaba conversando con el victimario, habiendo peticiones de perdón por una parte, y otorgando un perdón reparador por la otra parte. Todo esto no suspende el juicio formal ni el cumplimiento de la pena, pero se da en un marco de justicia restaurativa, no meramente retributiva, otorgadora de esperanza y reconciliación del victimario con la sociedad.
La ideología pública detrás de esto es una mirada de un estado que apoya al ciudadano, que se preocupa por su bienestar; este ciudadano es el que mantiene al sistema público con sus impuestos, y es el que con su voto elige a las autoridades, por lo tanto esas autoridades se preocupan del ciudadano, porque si lo atienden bien, finalmente contarán con el apoyo de los ciudadanos.
En los países de américa latina el panorama es bastante diferente: vemos muchos procedimientos judiciales largos, poco transparentes y costosos. En los Tribunales de Justicia de Latinoamerica los que litigan son personas normalmente adineradas, porque son quienes pueden pagar abogados caros, en procesos judiciales largos. En Latinoamérica existe una gran cultura del litigio.
En nuestro país no existe ninguna instancia donde puedan solucionarse temas cotidianos; si un maestro dejó mal pintada una casa, o dejó mal hecha la escalera, no tenemos instancia de mediación fácil y expedita. En general en Chile los ciudadanos no litigan en las cosas cotidianas, en eso existe una especie de impunidad. Excepto algunos casos que están institucionalizados, como los tribunales laborales, y otros para temas muy puntuales; pero por regla general el ciudadano común no tiene acceso a la justicia de las cosas cotidianas, como problemas de mascotas, de cercos, de ruidos hasta tarde, de trabajos mal hechos o mal pagados, etc.
Con el advenimiento de la democracia en Chile, desde hace unos veinte años a la fecha, el estado vio la necesidad de proveer instancias judiciales gratuitas: aparecieron las Corporaciones de Asistencia Judicial, que lo que hace es proporcionar abogados noveles o estudiantes en práctica, para que vayan finalmente a litigar a los tribunales. Ha sido un avance, sin duda.
Pero lo que vemos en los tribunales no son a los ciudadanos; los tribunales chilenos están repletos de abogados cobrando deudas bancarias a los ciudadanos. Es el sistema financiero instalado en nuestros tribunales.
En segundo lugar, tenemos la mediación. En nuestro país la mediación se desarrolló en un ambiente muy complejo para la propia mediación; al provenir no del sistema judicial sino del ejecutivo, el sistema de mediación partió con desconfianza. Los primeros mediadores tenían que ir a los tribunales a buscar sus usuarios, convirtiéndose en una especie de vendedores de seguros.
En la actualidad se aprecia un sistema de mediación cuyos centros de mediación son provisorios, incurren en gastos de instalación e infraestructura cuyas especificaciones exigidas no se condicen con los ingresos que obtienen, en unas licitaciones que suelen durar unos tres años. Es un sistema presionado para dar respuestas baratas y rápidas, con poco presupuesto. Esto hace que no haya Palacios de Justicia para los ciudadanos, sino verdaderas ratoneras.
Además existen problemas estructurales entre la mediación y el sistema formal de justicia, muchas veces los jueces no reconocen las actas de mediación, y no reconocen la voluntad de las partes si en algún punto el acuerdo no se ajusta a derecho.
Se evidencia la necesidad de que a estas alturas, la mediación de un paso adelante. Hace 80 años en Chile los que tenían propiedades, los comerciantes, los adinerados, constituían el 10% de la población. El resto de los ciudadanos no participaba de la vida social o económica del país. Hoy existe una clase media y emergente muy potente en el país y hay que adecuar el sistema de justicia; hay que abrir los Palacios de Justicia a los ciudadanos.
La mediación aparece como la gran herramienta, no la única, para que todos los ciudadanos puedan acceder a la justicia.
Se hace necesario integrar la mediación con el sistema formal de justicia, y darle verdadero reconocimiento, y otorgar más recursos al sistema.
