Tras una visita de dos expertos de la ONU, quienes estuvieron entre el 8 y el 12 de enero del 2018 en nuestro país, desarrollaron un informe en el que se concluye que el “Estado chileno ha violado grave y sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que se encuentran en centros de protección residencial bajo control directo o indirecto del servicio”.
En los días que estuvieron en Chile, entrevistaron a más de 100 personas e inspeccionaron cuatro residencias del Sename, además de dos organismos colaboradores.
Además, el informe responsabiliza directamente al Estado. “Ello, no solo por falta de supervisión, sino también porque dichos centros (…) deben ser considerados agentes del Estado”.
El texto también dice que Chile ha incumplido 17 artículos de la Convención de los Derechos del Niño, entre los cuales destacan aquellos que apuntan a la no discriminación; el interés superior del niño; el derecho a la vida, supervivencia y el desarrollo; la no separación de la familia; a la educación; la protección contra la violencia y contra la explotación y abusos sexuales.
Los menores residentes en hogares gestionados por el estado chileno sufren “graves vulneraciones” a sus derechos, que incluyen abusos sexuales y torturas, señala un informe del Comité de Derechos del Niño de la ONU, el que fue divulgado este lunes en Santiago.
El duro informe señala la responsabilidad estatal por “graves violaciones de la convención internacional sobre los derechos del niño”.
Puntualiza “graves negligencias por parte del personal responsable del cuidado de los menores” así como casos de “abuso sexual, torturas y tratos crueles e inhumanos” en residencias del estatal Servicio Nacional de Menores (Sename), que se vienen produciendo desde hace 40 años.
“El informe viene a reafirmar el diagnostico que el estado de Chile, especialmente el actual Gobierno, tiene en relación a los niños, niñas y adolescentes vulnerados en nuestro país”, indicó Hernán Larraín, ministro de Justicia, durante la presentación del informe.
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El documento de la ONU detalla la escandalosa situación en la que viven cerca de 150.000 niños que se encuentran en centros del Sename, residencias de acogida secundarias o programas de protección.
Destaca que entre 2005 y 2016, 210 menores murieron en residencias del Sename, institución creada en 1979 y que depende del Ministerio de Justicia.
Buena parte de los niños y adolescentes que viven en estos centros han sufrido la desintegración de sus familias, o han sido víctimas de abusos y maltratos. Un 6,8% han sido víctimas de abusos sexuales en el último año, afirma el documento.
Vulneraciones y recomendaciones
Entre las vulneraciones detectadas, se cuenta la separación indiscriminada de los niños de sus familias, prolongados tiempos de internamiento en las residencias, infraestructura en “estado crítico” y “sobrepoblación que alcanzó hasta el 60%” en algunos de los hogares.
El Comité estima que la separación de los niños de sus familias es “la última alternativa a considerar”.
El informe evidenció además que unos 400 niños se encuentran en hogares que no están regulados judicialmente, donde notaron la “ausencia de cuidados necesarios” para los menores.
Igualmente, criticó que los jueces envíen a los niños a estos hogares “por razones de carencia económica”, en vez de otorgarles “la ayuda material que requiera la familia” para su cuidado.
“Existe consenso sobre la excesiva judicialización del sistema”, indica el informe de la ONU, que agrega que Chile “tiene la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todos los niños”.
La ONU recomendó que “se desjudicialice el sistema de protección” de menores, y que el estado impulse “un plan de acción que incluya acciones en salud, especialmente tratamiento psicológico, educación, vivienda, justicia y, en su caso, indemnización económica”.
Asimismo, insta a llevar a cabo un análisis exhaustivo de cada niño, teniendo en cuenta sus derechos y necesidades específicas.
El Comité dijo que espera un informe sobre las medidas adoptadas en un plazo de seis meses.
El informe fue elaborado tras una misión de un grupo de expertos enviados a Chile por el Comité de Derechos del Niño, que en enero pasado entrevistó a un centenar de personas entre ministros, jueces, fiscales y personal del Sename. También visitó más de una decena de residencias, y revisó informes sobre investigaciones locales sobre las irregularidades ocurridas.
La investigación de la ONU se realizó luego que la diputada derechista, Claudia Nogueria, presentara en 2017 una denuncia ante el Comité de Derechos del Niño por la muerte de una menor por una golpiza en un centro del Sename en Santiago en 2016.
El 11 de marzo pasado, el mismo día en que asumió la presidencia del país (2018-2022), Sebastián Piñera anunció la creación de dos servicios destinados a la protección de menores, un aumento de la subvención a instituciones colaboradoras del Sename y la creación de un sistema de alerta temprana para identificar a los niños en situación de riesgo.
