El Poder Judicial enfrenta dos grandes desafíos:
- Acercar el poder judicial a la gente. Los ciudadanos se sienten en general excluidos de la justicia. Los tribunales civiles representan la mayoría de las causas que se tramitan en el país: unos tres millones de causas al año que en su mayoría son deudas, cobros de pagarés, cobro de deudas impagas del retail y de la banca. Esas materias componen casi el 100% de las causas que se ventilan en el país.
- Hay conflictos latentes que escalan a violencia, y ahí recién opera el sistema judicial. ¿Cómo avanzar hacia una justicia vecinal? El ámbito judicial está plagado de abogados. Se han realizado pequeñas experiencias como la justicia móvil, que han generado sin duda vínculos de confianza, pero más bien a nivel de orientación que de resolución de problemas. Muchos grupos de personas vulnerables han manifestado su inquietud porque dicen que se sienten victimizados cuando van a buscar justicia al sistema formal.
Por otra parte, en materia civil la mayoría de las causas terminan porque se retira la demanda.
Si queremos avanzar hacia un sistema de resolución alternativa o complementaria de conflictos, hay que avanzar hacia un sistema multipuertas; es decir, que partes de un conflicto se puedan dirimir en forma amigable en mediación, mediante el mecanismo de resolución desjudicializada del conflicto.
Debe ofertarse por parte del estado una gama amplia de posibilidades de resolución de conflictos no judicializados. El sistema judicial debe recuperar los sistemas ancestrales de resolución de conflictos, por ejemplo, el de los pueblos mapuches, aymará, rapa nui, etc. El desafío es: ¿De qué manera relacionar esos sistemas ancestrales con el poder judicial.
Desde las políticas públicas se deben implementar diálogos, y cómo avanzar hacia una etapa preventiva de los conflictos entre las personas, entre los pueblos, entre las etnias, entre las comunidades, etc. Uno de los pilares del sistema es la educación: los alumnos deben ser instruidos en los métodos alternativos de resolución de conflictos, para que la justicia no llegue tarde. Cambiando la cultura de la violencia que está instalada en los colegios.
Estos mecanismos tienen que ser parte de un modelo sistémico, con una mirada integral para todo el tejido social.
El ex-presidente Salvador Allende propuso en el año 1971 un proyecto de tribunales populares para sectores donde no llegaba la justicia.
El ex-presidente Sebastián Piñera propuso la creación de tribunales vecinales.
La actual presidenta Michelle Bachellet propone una nueva agenda donde la justicia sea para todos y para todas.
Ojalá que algo surja de todas esas mociones.
(Constanza Collarte Pindar, directora de Estudios de la Corte Suprema, ex coordinadora de la Dirección de Gestión y Modernización de la Justicia, del Ministerio de Justicia.)
